lunes, 11 de septiembre de 2017

Bra$il- Asesinan a comunidad indígena en AISLAMIENTO en la amazonia


Brasil confirma asesinato de grupos indígenas

Por Agencias

La matanza habría sido cometida por mineros que disputan con los pueblos originarios el acceso a yacimientos minerales


Foto: Segundo Enfoque

TeleSUR | Brasil.- El Ministerio Público de Amazonas confirmó este viernes el asesinato de varios indígenas de una tribu aislada en ese estado, en el norte de Brasil, a manos de mineros ilegales.

El portal Amazonia Real señaló que las autoridades no revelaron el número de muertos, de sospechosos ni las armas utilizadas para "no perjudicar las investigaciones". Entrevistas realizadas por la agencia entre los indígenas hablan de más de veinte víctimas.

"Los garimpeiros mataron a indios "flecheros" en el valle del Javari", informó la agencia.



Los indígenas, conocidos como "flecheros", habrían sido asesinados en agosto en el municipio Sao Paulo de Olivenca, en la frontera con Perú y Colombia.

El Ministerio Público investiga además otra denuncia del asesinato de indígenas de la tribu aislada Warikama Djapar. El ataque habría ocurrido en mayo, y sus víctimas se calculan entre 18 o 21 aborígenes.




Ambos casos tendrían lugar en la tierra indígena Vale do Javari que tiene 8,5 millones de hectáreas y fue regularizada en 2001.

El líder indígena Adelson Kora Kanamari denunció que "los invasores son hacendados, cazadores, mineros. Muchos [indígenas] aislados están siendo asesinados (...)", afirmó.

El caso también fue denunciado por la organización Survival International mediante un comunicado. Calificó el ataque de genocida.

"Si estos relatos son confirmados, el presidente [Michel] Temer y su Gobierno tienen una gran responsabilidad por este ataque genocida", dijo Stephen Corry, director de Survival International.
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Domingo 10 de septiembre del 2017, 21:39

Brasil: fiscalía de Amazonas confirma masacre en tribu indígena aislada

Los invasores “son hacendados, cazadores, mineros”.
Amazonía. (Foto referencial)


El Ministerio Público de Amazonas confirmó este viernes el asesinato de varios indígenas de una tribu aislada en ese estado, en el norte de Brasil, a manos de mineros ilegales, informó la agencia Amazonia Real.

“Confirmamos las muertes de los indígenas aislados y el Ministerio Público Federal y la Policía Federal están investigando”, precisó un comunicado de la fiscalía dirigido a la agencia local.

Los indígenas, conocidos como “flecheros”, habrían sido asesinados en agosto en el municipio Sao Paulo de Olivenca, en la frontera con Perú y Colombia.

El portal señaló que las autoridades no revelaron el número de muertos, de sospechosos ni las armas utilizadas para “no perjudicar las investigaciones”. Sin embargo, entrevistas colectadas por la agencia entre los indígenas hablan de más de veinte víctimas.

El Ministerio Público investiga además otra denuncia sobre el supuesto asesinato de indígenas de la tribu aislada Warikama Djapar. El ataque habría ocurrido en mayo, pero no ha sido confirmado.

Ambos casos tendrían lugar en la tierra indígena Vale do Javari que tiene 8,5 millones de hectáreas y fue regularizada en 2001, según datos de la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Situada a casi 1.200 kilómetros de Manaos, capital del estado Amazonas, tiene unos 7.000 habitantes. Según la Funai, hay al menos 14 referencias de indígenas aislados en el área, y cinco etnias contactadas.

Hace casi dos semanas, el líder indígena Adelson Kora Kanamari dijo en una entrevista con Amazonia Real que entre 18 y 21 aborígenes “habrían sido atacados y asesinados” entre mayo y junio.

Kora Kanamari explicó que la situación en la región es “muy crítica”. Los invasores “son hacendados, cazadores, mineros. Muchos [indígenas] aislados están siendo asesinados pero no sabemos a ciencia cierta las fechas ni el número exacto de muertes”, afirmó.

El caso también fue denunciado por la ONG Survival International mediante un comunicado este viernes.

“Si estos relatos son confirmados, el presidente [Michel] Temer y su gobierno tienen una gran responsabilidad por este ataque genocida”, dijo Stephen Corry, director de Survival International, quien también criticó en el texto los recortes presupuestarios a la gubernamental Funai.

“Todas estas tribus deberían tener sus tierras debidamente reconocidas y protegidas hace años. El apoyo abierto del gobierno a quienes quieren abrir territorios indígenas es extremadamente vergonzoso”, agregó Corry.

La crítica de la ONG se suma a los múltiples cuestionamientos que ha recibido el gobierno tanto en Brasil como en el extranjero por “retroceder” en materia ambientalista y de derechos indígenas.

Fuente AFP

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Descubren masacre de tribu aislada en la selva de Brasil



Amazonas. Tomada de hdfondos.eu
AFP

El Ministerio Público de Amazonas confirmó este viernes el asesinato de varios indígenas de una tribu aislada en ese estado, en el norte de Brasil, a manos de mineros ilegales, informó la agencia Amazonia Real.

“Confirmamos las muertes de los indígenas aislados y el Ministerio Público Federal y la Policía Federal están investigando”, precisó un comunicado de la fiscalía dirigido a la agencia local.

Los indígenas, conocidos como “flecheros”, habrían sido asesinados en agosto en el municipio Sao Paulo de Olivenca, en la frontera con Perú y Colombia.

El portal señaló que las autoridades no revelaron el número de muertos, de sospechosos ni las armas utilizadas para “no perjudicar las investigaciones”. Sin embargo, entrevistas colectadas por la agencia entre los indígenas hablan de más de veinte víctimas.

El Ministerio Público investiga además otra denuncia sobre el supuesto asesinato de indígenas de la tribu aislada Warikama Djapar. El ataque habría ocurrido en mayo, pero no ha sido confirmado.

Ambos casos tendrían lugar en la tierra indígena Vale do Javari que tiene 8,5 millones de hectáreas y fue regularizada en 2001, según datos de la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Situada a casi 1.200 kilómetros de Manaos, capital del estado Amazonas, tiene unos 7.000 habitantes. Según la Funai, hay al menos 14 referencias de indígenas aislados en el área, y cinco etnias contactadas.

Hace casi dos semanas, el líder indígena Adelson Kora Kanamari dijo en una entrevista con Amazonia Real que entre 18 y 21 aborígenes “habrían sido atacados y asesinados” entre mayo y junio.

Kora Kanamari explicó que la situación en la región es “muy crítica”. Los invasores “son hacendados, cazadores, mineros. Muchos [indígenas] aislados están siendo asesinados pero no sabemos a ciencia cierta las fechas ni el número exacto de muertes”, afirmó.

El caso también fue denunciado por la ONG Survival International mediante un comunicado este viernes.

“Si estos relatos son confirmados, el presidente [Michel] Temer y su gobierno tienen una gran responsabilidad por este ataque genocida”, dijo Stephen Corry, director de Survival International, quien también criticó en el texto los recortes presupuestarios a la gubernamental Funai.

“Todas estas tribus deberían tener sus tierras debidamente reconocidas y protegidas hace años. El apoyo abierto del gobierno a quienes quieren abrir territorios indígenas es extremadamente vergonzoso”, agregó Corry.

La crítica de la ONG se suma a los múltiples cuestionamientos que ha recibido el gobierno tanto en Brasil como en el extranjero por “retroceder” en materia ambientalista y de derechos indígenas.

September 8, 2017


Evidence of an attack? Burnt communal houses of uncontacted Indians, seen in December 2016, could be signs of another massacre in the Uncontacted Frontier.
© FUNAI

Public prosecutors in Brazil have opened an investigation after reports that illegal goldminers in a remote Amazon river have massacred “more than ten" members of an uncontacted tribe. If confirmed, this means up to a fifth of the entire tribe have been wiped out.

Two goldminers have been arrested.

The killings allegedly took place last month along the River Jandiatuba in western Brazil, but the news only emerged after the goldminers started boasting about the killings, and showing off “trophies” in the nearest town.

Agents from Brazil’s indigenous affairs agency, FUNAI, confirmed details of the attack to Survival International. Women and children are believed to be among the dead. FUNAI and the public prosecutor’s office are currently investigating.

The area is known as the Uncontacted Frontier, as it contains more uncontacted tribes than anywhere else on Earth.

Several government teams who had been protecting uncontacted indigenous territories have recently had their funding slashed by the Brazilian government, and have had to close down.

Uncontacted Indians in the Brazilian Amazon, filmed from the air in 2010.
© G.Miranda/FUNAI/Survival

President Temer’s government is fiercely anti-Indian, and has close ties to the country’s powerful and anti-indigenous agribusiness lobby.

The territories of two other vulnerable uncontacted tribes – the Kawahiva and Piripkura – have also reportedly been invaded. Both are surrounded by hundreds of ranchers and land invaders.

Uncontacted tribes are the most vulnerable peoples on the planet. However, when their rights are respected, they continue to thrive.

All uncontacted tribal peoples face catastrophe unless their land is protected. Survival International is doing everything it can to secure their land for them, and to give them the chance to determine their own futures.

Survival’s Director Stephen Corry said: “If these reports are confirmed, President Temer and his government bear a heavy responsibility for this genocidal attack. 
The slashing of FUNAI’s funds has left dozens of uncontacted tribes defenseless against thousands of invaders – goldminers, ranchers and loggers – who are desperate to steal and ransack their lands. 
All these tribes should have had their lands properly recognized and protected years ago – the government’s open support for those who want to open up indigenous territories is utterly shameful, and is setting indigenous rights in Brazil back decades."
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Confirman brutal masacre de tribu indígena desconocida en Amazonia

La matanza habría sido cometida por mineros que disputan con los pueblos originarios el acceso a yacimientos minerales en esa zona de Brasil.

Por AFP
sábado 09 de septiembre del 2017, a las 00:00



"Fue un ataque genocida". 

Así describieron responsables de una ONG que opera en Brasil la brutal masacre en la que varias decenas de integrantes de una aislada tribu de la Amazonia fueron asesinados.

La matanza fue confirmada hoy por el Ministerio Público de Amazonas. Los autores serían mineros ilegales, informó la agencia Amazonia Real.

"Confirmamos las muertes de los indígenas aislados. El Ministerio Público Federal y la Policía Federal están investigando", indicó la fiscalía local.

Los indígenas, conocidos como "flecheros", habrían sido asesinados en agosto en el municipio Sao Paulo de Olivenca, en la frontera con Perú y Colombia.


Los invasores son hacendados, cazadores y mineros. Muchos indígenas aislados están siendo asesinados"

Hasta hoy las autoridades locales no han revelado el número preciso de muertos. Sin embargo, entrevistas realizadas a miembros de etnias amazónicas cifran las víctimas en alrededor de 20.

El Ministerio Público investiga otra denuncia de masacre cometida contra miembros de la tribu Warikama Djapar. El ataque habría ocurrido en mayo, pero hasta ayer no había sido confirmado.

La primera denuncia se conoció hace cerca de dos semanas. El líder indígena Adelson Kora Kanamari dijo que entre 18 y 21 aborígenes "habrían sido atacados y asesinados" entre mayo y junio.

Kora Kanamari explicó que la situación en la región es "crítica". Los invasores "son hacendados, cazadores y mineros. Muchos indígenas aislados están siendo asesinados. No obstante, no sabemos a ciencia cierta las fechas ni el número exacto de muertes", afirmó.
Etnias misteriosas

El escenario de las matanzas es la disputada zona llamada Vale do Javari. El territorio, que tiene 8,5 millones de hectáreas, fue regularizada en 2001 como tierra indígena. Así lo precisan datos de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil.

La zona se ubica a casi 1.200 kilómetros de Manaos, capital del estado Amazonas. Tiene unos 7.000 habitantes, y en su superficie habría por lo menos 14 tribus aisladas y cinco etnias contactadas. La mayoría de estas tribus no localizadas están en vueltas en el misterio, y casi nada se sabe sobre qué lenguas hablan o cuáles son sus costumbres.

Al mismo tiempo, el área posee una significativa riqueza mineral que actúa como imán de mineros que buscan establecerse allí.

La presencia de los extranjeros también ha traído enfermedades, como la hepatitis, contra la que los habitantes originarios no tienen defensas. La expansión de estos males causa numerosas muertes.
Acusación contra Temer por masacre

El caso también fue denunciado por la ONG Survival International. "Si estos relatos son confirmados, el presidente Michel Temer y su Gobierno tienen una gran responsabilidad por este ataque genocida", recalcó Stephen Corry, director de Survival International. El dirigente también criticó los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno a la Funai.

"Todas estas tribus deberían tener sus tierras debidamente reconocidas y protegidas hace años. El apoyo abierto del Gobierno a quienes quieren abrir territorios indígenas es extremadamente vergonzoso", agregó Corry.

La crítica de la ONG se suma a los múltiples cuestionamientos que ha recibido el gobierno tanto en Brasil como en el extranjero por "retroceder" en materia ambientalista y en derechos indígenas.
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Brasil: Violencia amenaza a pueblos indígenas aislados

Miami Herald, AP.- Río de Janeiro. Casi un tercio de las tribus aisladas de indígenas en Brasil puede desaparecer a menos que el gobierno demarque y confiera a los indios efectivo control sobre las tierras que les corresponden constitucionalmente, de acuerdo a un informe dado a conocer este martes.


Más de cien indios han sido asesinados en los últimos tres años, durante los cuales hacendados y agricultores han expandido sus dominios dentro de la floresta amazónica, sostiene el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), de la Iglesia Católica. De unos 60 grupos con los cuales se ha tenido poco contacto o apenas referencias, por lo menos 17 están "bajo graves riesgos de muerte e incluso de extinción", dice el informe.

"Hay pueblos indígenas contactados hace muy poco, y otros raramente contactados, y ninguno escapa a la violencia desencadenada por los colonizadores y la ampliación de las fronteras agrícolas", dijo Saulo Feitosa, vicepresidente del CIMI, en una conferencia de prensa para presentar el estudio. "Ese proceso deja solamente tierra arrasada", dijo.

El CIMI conoce de esos grupos a través de informes de otros indígenas en la selva, dijo. Feitosa dijo que los indios del sur de los estados de Amazonas, Rondonia y Matogroso han sido víctimas de "crímenes genocidas...practicados por escuadrones de la muerte que trabajan por especuladores de tierra, madereros y hacendados".

Los escuadrones de la muerte son enviados para "eliminar todo vestigio de los indígenas, de manera que la demarcación de la tierra resulte imposible. Eso les permite reclamar la tierra, apropiarla y explotarla", dice el informe. El obispo Odilo Sherer, Secretario General de la Conferencia Episcopal, dijo que las soluciones de largo plazo para el problema pasan por la demarcación de la tierra indígena, otorgando a los indios control efectivo sobre su territorio, garantizado por la constitución de 1988.

Brasil tiene entre 345.000 a 550.000 indios pertenecientes a 215 tribus. Los diversos grupos étnicos hablan 170 lenguas. Aunque la población ha crecido en años recientes, es todavía una pequeña porción de los cinco millones que había cuando llegaron los portugueses. La constitución de 1988 garantizó a los indios el equivalente al 12% del territorio nacional, ó 946.450 kilómetros cuadrados. Pero los líderes indígenas y activistas dicen que solamente una fracción de esa tierra ha sido efectivamente demarcada y entregada a los indios.

El estudio también muestra entre 1995-2005, declarada la Década Internacional de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas, un total de 287 indios murieron asesinados. El CIMI sospecha que el número es mayor, pero no hay informes que respalden la sospecha.

De los muertos hasta 2005, 122 ocurrieron bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, dice el informe.

Fuente: Recibido por cortesía de Genaro Bautista, Regiones Indias


El Gobierno brasileño confirma el asesinato de varios indígenas por mineros ilegales

REUTERS Actualizado 11/09/2017 8:42:41 CET BRASILIA, 10 Sep. 

(Notimérica).- Varios miembros de una tribu aislada en el estado de Amazonas, en Brasil, han sido asesinados por mineros ilegales, según ha confirmado el Ministerio Público del estado. El portal 'Amazonas Real', ha señalado que aún no se han revelado el número de muertos por las autoridades, para "no perjudicar las investigaciones ...

Leer mas: http://www.notimerica.com/politica/noticia-gobierno-brasileno-confirma-asesinato-varios-indigenas-mineros-ilegales-20170910170817.html

martes, 8 de agosto de 2017

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no ha sido aun implementada por estados nacionales


Derechos indígenas no pasan del papel a la acción

-8/8/2017- Por Mariam Wallet Aboubakrine, Albert K. Barume, y Victoria Tauli-Corpuz (*)

GINEBRA/NUEVA YORK, 8 ago 2017 (IPS) – Una década después de adoptada la histórica Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos todavía tienen por delante enormes desafíos, alertó un grupo de entidades especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los Estados deben pasar de las palabras a la acción para terminar con la discriminación, la exclusión y la falta de protección, esto último se evidencia en el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos, reclamaron antes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto.

El comunicado fue divulgado en conjunto por el presidente del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.

“Ya pasaron 10 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el instrumento internacional más completo sobre derechos humanos de los pueblos indígenas”, recuerdan expertos y especialistas.

“La declaración, que llevó más de 20 años de negociaciones, es en la actualidad un modelo de progreso, un marco para la reconciliación y una referencia en materia de derechos”, reza el comunicado.

Pero una década después, tenemos que reconocer los grandes desafíos que quedan por delante. Las dificultades que afrontan en la actualidad son, en demasiados casos, luchas y violaciones más graves que las que sufrieron hace 10 años.

Los indígenas todavía soportan racismo, discriminación y un acceso desigual a servicios básicos, como atención médica y educación. Y en los casos en que hay datos, se ve claramente que siguen rezagados en muchos frentes, sufriendo un grado de pobreza desproporcionadamente elevado, menor esperanza de vida y peores resultados en materia educativa.

Los indígenas sufren dificultades particularmente graves por la pérdida de tierras y de derechos sobre los recursos, que son la base de sus estilos de vida y de sus identidades culturales.

Y las mujeres indígenas sufren una doble discriminación, por su condición de mujer y de indígena. Suelen quedar excluidas de los procesos de decisión y de derechos sobre la tierra, y muchas son víctimas de violencia.

Los especialistas piden a todos los estados que garanticen a las indígenas el pleno goce de sus derechos, tal como está consagrado en la declaración, y subrayan que sus derechos son una preocupación de todos.

El agravamiento de la situación de los derechos humanos en el mundo se hace patente en las condiciones laborales extremas y arriesgadas en las que trabajan los indígenas defensores de los derechos humanos.

Las personas y las comunidades que se atreven a defender los derechos indígenas son tildados de obstáculos para el progreso, fuerzas contra el desarrollo y, en algunos casos, enemigos del Estado o terroristas.

Incluso, los activistas indígenas arriesgan su vida. 

Hay datos que revelan que solo en 2016, unos 281 defensores de derechos humanos habrían sido asesinados en 25 países, más del doble de los que mataron en 2014. La mitad de ellos murieron defendiendo sus derechos a la tierra, al ambiente y a su cultura.

Urgimos a los Estados a proteger a los defensores de derechos humanos indígenas. Los delitos de los que son víctimas deben investigarse y procesarse debidamente, y los responsables comparecer ante la justicia.

Los indígenas se ven envueltos cada vez más en conflictos por sus tierras, recursos y derechos. La paz duradera exige que los Estados, con apoyo de la comunidad internacional, creen mecanismos de resolución de conflictos con la total y efectiva participación de los pueblos autóctonos, y en particular las mujeres.

Muchos países todavía no reconocen a los pueblos indígenas, y en particular, las mujeres y los jóvenes carecen de reconocimiento oficial y de participación política directa. Aun donde rige el Estado de derecho, todavía no se ha implementado totalmente la declaración de la ONU.

Ya es hora de reconocer y de fortalecer las formas de gobernanza y de representación propias de los indígenas para crear un diálogo constructivo y relacionarse con las autoridades nacionales e internacionales, funcionarios públicos y sector privado.

Es necesario alcanzar estándares mínimos para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de los indígenas en todo el mundo, como quedó establecido en la declaración de la ONU.

Ese mínimo contempla el derecho a la identidad, a la lengua, a la salud, a la educación y a la auodeterminación, además del deber de los Estados de consultar y de cooperar con los pueblos indígenas para obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas que puedan afectarlos.

La declaración de la ONU representa cambios importantes, tanto en la estructura como en la práctica de la política mundial, y en los últimos 10 años hubo algunos cambios positivos en la situación de los pueblos indígenas, así como un mayor respeto por ellos en todo el mundo.

“Pero todavía nos queda mucho por hacer antes de que los indígenas puedan estar en pleno goce de sus derechos humanos, como lo expresa la declaración.

 Exhortamos a los Estados a achicar la brecha entre las palabras y las acciones y a actuar para lograr la equidad y el pleno goce de sus derechos para todas las personas de origen indígena”, reza el comunicado.

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*Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Albert K. Barume, presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas.

lunes, 31 de julio de 2017

Argentina- La otra campaña: Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.


La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Por Darío Aranda

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.

Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.


En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.

Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

                                         Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. 
Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. 



Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. 
El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

                         Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

LA COMUNIDAD EXPLICÓ QUE EL TRASFONDO ES EL INTENTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL LUGAR.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

                                 La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. 

“Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados".

EN 2011, EL RELATOR ESPECIAL DE ONU (JAMES ANAYA) CONFIRMÓ NUMEROSOS DESALOJOS, INCLUSO VIOLENTOS, A COMUNIDADES DE TODO EL PAÍS. LA LEY NO SE CUMPLIÓ Y VENCE EN NOVIEMBRE DE 2017”, ALERTÓ EL ABOGADO ANTE NACIONES UNIDAS.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

                                     Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

AUNQUE SE TRATÓ DE MÁS DE UN MUERTO POR DÍA, NINGÚN GRAN DIARIO PORTEÑO (NI RADIO, NI CANAL DE TELEVISIÓN) REPLICÓ LA NOTICIA.

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).

El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: “Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.

El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.
Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. 

El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. 

El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.


La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

LA ZONAL XAWVN KO (ENCUENTRO DE AGUAS) EMITIÓ UN COMUNICADO EL 5 DE JULIO TITULADO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS, IDENTIFICADOS COMO ENEMIGOS DEL MODELO”.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.

Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

                                     Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina.
 “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.

Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

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